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29 de Julio del 2008
A raíz del anuncio en Washington formulado por la Ministra de Salud Graciela Ocaña, en ocasión de la firma de la Estrategia de Cooperación Técnica con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el período 2008-2012, donde explicitó que impulsará una Ley Federal que tome en cuenta el derecho universal a la salud, que garantice la igualdad para que todos los argentinos accedan al máximo nivel de calidad de vida. En la agenda de prioridades de la Argentina figura integrar el sistema de salud, articulando las obras sociales y nacionales con el resto de los sectores, de modo de poner todos los esfuerzos en un sistema menos fragmentado y basado en la atención primaria de la salud. “Vamos a disminuir el gasto de bolsillo de la población mediante un modelo de financiamiento del sistema de salud más integrado, universal y equitativo, utilizando como referencia las experiencias del PAMI y otras iniciativas exitosas”, anunció Ocaña.
LA MINISTRA OCAÑA ANUNCIO QUE IMPULSARA LA SANCION DE UNA LEY FEDERAL DE SALUD
Dentro de los sistemas de salud con acceso universal de la población, sabido es que Argentina junto con Uruguay, son los únicos dos países en Latinoamérica en donde el acceso a la salud a través del hospital público, es absolutamente gratuito.
El nuestro es un sistema de Seguridad social basado principalmente en el aporte de los trabajadores y empleadores que se completa con otros sistemas de cobertura (Hospital público, Obras sociales provinciales, Obras sociales especiales – FFAA, Universidades, Poder Judicial -, Mutuales, ART, Empresas de medicina prepaga, Seguros de salud.
Lejos está el nuestro de los sistemas de Seguro Nacional de Salud (como por ejemplo el NHS inglés originado en el modelo Beveridge, o el sistema canadiense) con cobertura uniforme en cuanto a prestadores y prestaciones cubiertas. Lejos también del sistema francés (basado en la seguridad social del modelo Bismark) con atención universal incluyendo a los desocupados.
La característica de nuestro sistema es de una pavorosa ineficacia en el funcionamiento de la administración del Hospital público que favorece la migración de la población mejor posicionada hacia los otros subsectores. Dieciocho millones de argentinos dependen del Hospital público y de los centros de atención primaria (CAPS) donde pacientes y personal son victimas cronificadas de una administración ineficiente a través de los sucesivos gobiernos.
Es cierto que a lo largo del tiempo hubo esfuerzos para homogeneizar la atención de la población: como lo fue en 1974 la Ley 20748 de creación del SNIS, Sistema nacional integrado de Salud por el entonces Secretario de Salud Pública del gobierno peronista Dr. Domingo Liotta, que se encontró con la fuerte oposición del poder sindical y sólo se implementó parcialmente y fue anulada en 1980 por el gobierno militar a través de la Ley 22269.
Y en 1986 durante el gobierno de Raúl Alfonsín el intento de creación de un Sistema Nacional de Salud (con Aldo Neri en el Ministerio) que encuadraba a las OSS pero sin representación de los intereses sindicales. Frenado bajo marcada presión del sector, (“Este nuevo intento de instaurar una regulación de las obras sociales y un seguro nacional de salud fracasó ante las presiones de los sindicatos, que no iban a permitir que el gobierno les arrebatara el control de un sistema que facturaba cerca de 2.000 millones de dólares anuales” , diría en su sitio la Asociación de Médicos Municipales) dio lugar a la tibia Ley 23661 del Sistema Nacional del Seguro de Salud orientada básicamente a dar marco al sistema de obras sociales existentes.
Será interesante analizar el texto del proyecto de la anunciada LEY FEDERAL DE SALUD. Sería bueno poner el foco de una vez por todas en el logro de la eficiencia del Hospital Público, como herramienta esencial de la calidad de la salud de los argentinos. Sin entrar en contiendas que hicieron fracasar los planes en el pasado, el resto de los sistemas funcionantes, sin perder sus atribuciones, podría contribuir a la atención de toda la población, a través no sólo de la facturación de los HPGD sino de un fondo solidario que correctamente administrado optimice la formidable herramienta del Hospital público correctamente gerenciado y sometido a los estándares de calidad y auditoría del resto de los subsectores.
Dr. Agustin Orlando
   
 
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