Dentro de los sistemas de salud con acceso universal de la población, sabido es que Argentina junto con Uruguay, son los únicos dos países en Latinoamérica en donde el acceso a la salud a través del hospital público, es absolutamente gratuito.
El nuestro es un sistema de Seguridad social basado principalmente en el aporte de los trabajadores y empleadores que se completa con otros sistemas de cobertura (Hospital público, Obras sociales provinciales, Obras sociales especiales – FFAA, Universidades, Poder Judicial -, Mutuales, ART, Empresas de medicina prepaga, Seguros de salud.
Lejos está el nuestro de los sistemas de Seguro Nacional de Salud (como por ejemplo el NHS inglés originado en el modelo Beveridge, o el sistema canadiense) con cobertura uniforme en cuanto a prestadores y prestaciones cubiertas. Lejos también del sistema francés (basado en la seguridad social del modelo Bismark) con atención universal incluyendo a los desocupados.
La característica de nuestro sistema es de una pavorosa ineficacia en el funcionamiento de la administración del Hospital público que favorece la migración de la población mejor posicionada hacia los otros subsectores. Dieciocho millones de argentinos dependen del Hospital público y de los centros de atención primaria (CAPS) donde pacientes y personal son victimas cronificadas de una administración ineficiente a través de los sucesivos gobiernos.
Es cierto que a lo largo del tiempo hubo esfuerzos para homogeneizar la atención de la población: como lo fue en 1974 la Ley 20748 de creación del SNIS, Sistema nacional integrado de Salud por el entonces Secretario de Salud Pública del gobierno peronista Dr. Domingo Liotta, que se encontró con la fuerte oposición del poder sindical y sólo se implementó parcialmente y fue anulada en 1980 por el gobierno militar a través de la Ley 22269.
Y en 1986 durante el gobierno de Raúl Alfonsín el intento de creación de un Sistema Nacional de Salud (con Aldo Neri en el Ministerio) que encuadraba a las OSS pero sin representación de los intereses sindicales. Frenado bajo marcada presión del sector, (“Este nuevo intento de instaurar una regulación de las obras sociales y un seguro nacional de salud fracasó ante las presiones de los sindicatos, que no iban a permitir que el gobierno les arrebatara el control de un sistema que facturaba cerca de 2.000 millones de dólares anuales” , diría en su sitio la Asociación de Médicos Municipales) dio lugar a la tibia Ley 23661 del Sistema Nacional del Seguro de Salud orientada básicamente a dar marco al sistema de obras sociales existentes.
Será interesante analizar el texto del proyecto de la anunciada LEY FEDERAL DE SALUD. Sería bueno poner el foco de una vez por todas en el logro de la eficiencia del Hospital Público, como herramienta esencial de la calidad de la salud de los argentinos. Sin entrar en contiendas que hicieron fracasar los planes en el pasado, el resto de los sistemas funcionantes, sin perder sus atribuciones, podría contribuir a la atención de toda la población, a través no sólo de la facturación de los HPGD sino de un fondo solidario que correctamente administrado optimice la formidable herramienta del Hospital público correctamente gerenciado y sometido a los estándares de calidad y auditoría del resto de los subsectores.